El Gobierno Nacional presenta un decreto que permite la posesión, licencia de cultivo y uso de semillas de amapola, coca y cannabis por entidades públicas y privadas. El objetivo central es transformar plantas relacionadas con el narcotráfico en materias primas para productos legítimos, marcando un paso hacia la reconversión económica y el desarrollo rural.
Con la intención de convertir plantas vinculadas al narcotráfico en insumos para productos legítimos como pinturas, alimentos, cosméticos y fertilizantes, el Gobierno Nacional ha elaborado un decreto que otorga autorizaciones con una vigencia inicial de cinco años, renovables y ajustables por el Consejo Nacional de Estupefacientes. La participación del sector privado como socio inversionista se abre sorprendentemente, permitiendo a empresarios dedicados a productos legales relacionados con estas plantas establecer sociedades.
El marco regulatorio especifica la participación de entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, entidades nacionales, cabildos, organizaciones campesinas y comunidades étnicas en zonas afectadas por conflictos armados y el narcotráfico.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, resalta que esta medida busca la reconversión económica y el desarrollo rural con un enfoque de justicia social, priorizando a las organizaciones campesinas y comunidades étnicas como principales beneficiarios.
El decreto representa un paso significativo hacia la transformación de plantas ilegales en insumos para productos legítimos, fomentando la reconversión económica y el desarrollo rural. La apertura a la participación del sector privado busca fortalecer la industria lícita, supervisada y respaldada por el Estado. El Gobierno destaca la importancia de beneficiar a las comunidades afectadas por conflictos, utilizando estas plantas como impulsores de una industria sostenible y legal.
