Este 15 de diciembre de 2023 marca un día crucial en la mesa de concertación para definir el salario mínimo del próximo año en Colombia. Con el primer plazo para llegar a un acuerdo llegando a su fin, surge la incertidumbre sobre el aumento propuesto del 18% y las implicaciones que podría tener en la población y las empresas.
María Alejandra Osorio, directora ejecutiva de Acopi Bogotá, expresó su opinión sobre la propuesta de las centrales obreras de incrementar en un 18% el salario mínimo para el 2024. Destacó que, dado que la mitad de la población colombiana trabaja en la informalidad, este aumento podría no tener un impacto significativo en ellos.
Además, señaló que aceptar esta propuesta no solo elevaría el salario mínimo, sino también los costos de seguridad social para las empresas, aproximadamente un 40% adicional al valor del salario.
En caso de no alcanzar un acuerdo en la mesa de concertación, el Gobierno se verá obligado a establecer un aumento del salario mínimo por decreto, según lo establece el decreto 2552 de 2015. Este decreto estipula que el plazo máximo para promulgar este derecho es el 30 de diciembre.
En estas circunstancias, el Gobierno considerará parámetros como la meta de inflación del próximo año, la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) y el índice de Precios al Consumidor (IPC).
La falta de consenso en la definición del salario mínimo para el año siguiente podría llevar al Gobierno a determinar este aumento por decreto, considerando diversos parámetros económicos. La propuesta del 18% genera debate sobre sus implicaciones, no solo para los trabajadores sino también para las empresas que enfrentarían aumentos en los costos de seguridad social. La incertidumbre persiste hasta el último momento, afectando a la población y al tejido empresarial.
