El reciente Decreto 214 de 2023 del Gobierno Nacional, que busca evitar la criminalización del porte de dosis personales de estupefacientes, ha generado controversia. Mientras algunos respaldan la medida, otros, como Álvaro Uribe y el expresidente Iván Duque, expresan preocupaciones sobre sus posibles consecuencias.
El nuevo decreto, firmado por los ministros del Interior, Justicia y Defensa, plantea derogar el capítulo 9 del título 8 del Decreto 1070 de 2015, que prohíbe poseer, tener, entregar o comercializar drogas. Según el presidente Gustavo Petro, la derogación se centra en las multas por el porte de dosis personales, manteniendo la prohibición de consumo en lugares públicos, según dictamina la Corte Constitucional.
Las críticas no se han hecho esperar. Álvaro Uribe argumenta que legalizar la droga podría afectar a la juventud y la familia, mientras Iván Duque la ve como una medida en favor del crimen y en detrimento de la seguridad. En respuesta, Petro defiende la derogación de multas inconstitucionales, afirmando que la medida busca cerrar la brecha entre la juventud y la policía, evitando persecuciones injustas basadas en la sospecha.
El decreto sobre drogas ha desencadenado un intenso debate político, destacando las divergentes opiniones de líderes colombianos. Mientras Petro defiende su medida como un paso hacia la justicia y equidad, Uribe y Duque expresan preocupaciones sobre sus posibles impactos negativos en la sociedad y la seguridad.
